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Aspectos básicos en Correos en materia de: Prevención del blanqueo de capitales

Prevención del blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales se regula en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que desarrolla la anterior Ley1.

El blanqueo de capitales consiste en el envío o recepción de dinero a sabiendas de que dichos fondos provienen de una actividad delictiva, con el propósito de encubrir su origen ilícito. Asimismo, se entiende por financiación del terrorismo el envío o recepción de dinero con la intención de utilizar o con el conocimiento de que los fondos serán utilizados para cometer delitos de terrorismo.

La legislación exige identificar a los clientes y a las personas que intervengan en las operaciones de envío y recepción de dinero. Exige también identificar al titular real de la operación cuando el interviniente no actúa por cuenta propia y en el caso de las personas jurídicas. Además, exige también:

  • Examen especial de aquellas operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales, con independencia de su cuantía.
  • Obtener información sobre el propósito de la operación.
  • Seguimiento continuo de la relación de negocios para garantizar que las operaciones coinciden con el perfil de riesgo del cliente.
  • Conservación de documentos acreditativos de las operaciones e identidad de quienes las realizan, durante el plazo de 10 años.
  • Comunicación de los empleados al Área de Prevención y de la Comisión y el Representante al SEPBLAC de cualquier hecho u operación de la que existan indicios de su vinculación con el blanqueo de capitales.
  • Abstención de ejecutar operaciones sospechosas sin efectuar previamente dicha comunicación al SEPBLAC o su comunicación posterior inmediata cuando la abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación.
  • Deber de no revelar al cliente o a terceros las operaciones comunicadas o que están siendo objeto de examen especial.
  • Establecimiento de medidas de control interno adecuadas para la actividad desarrollada por Correos.
  • Transmitir a los empleados de la entidad la concienciación de las exigencias derivadas de la Ley, a través de planes y cursos de formación.

Las infracciones previstas en la Ley 10/2010 se clasifican en leves, graves y muy graves, siendo infracción muy grave, por ejemplo, el incumplimiento de la prohibición de revelación o la debida reserva. La Ley establece sanciones para las entidades, que pueden ir desde la amonestación a multa de hasta el 5% de los recursos propios y revocación de la autorización para operar.

  • Hay que aclarar que esta normativa no está adaptada a la Directiva 849/2015 en aspectos relevantes y por este motivo, 10 la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra el Estado Español.

Normativa interna

Correos está obligado a cumplir la Ley 10/2010 respecto a la actividad de los envíos y pagos de dinero (giros) y a las transferencias Western Union.

En los procesos operativos , Correos ha adecuado los sistemas informáticos en la operativa de admisión y pago de giros, creando un módulo para las diferentes aplicaciones de envío de dinero, para prevenir el blanqueo de dinero, denominado SEDI/PBC. Los sistemas informáticos afectados por estas operaciones son IRIS (admisión de envíos de dinero) y SGIE (pago de todo tipo de giros). Mediante este nuevo sistema, es necesario efectuar un registro inicial de todos los clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una “Ficha del Cliente”, con una serie de datos obligatorios, entre los que se encuentra el de la actividad profesional y el motivo del giro. La información contenida en esta ficha sustituye a la contenida en el antiguo formulario DAE.

Además es necesaria la identificación del cliente antes de efectuar la operación de admisión o pago de giro, mediante documento identificativo válido del remitente o beneficiario, cuyos datos sobre nombre, apellidos, domicilio y número y tipo de documento de identidad quedan registrados en los sistemas informáticos de Correos.

En materia de archivo y control de documentos, la documentación de operaciones y clientes relacionados con operaciones de giro se archivan y conservan durante un periodo de 10 años. Este periodo se contará desde el día en que se ejecutó la operación.

El Manual de PBC es una norma de obligado cumplimiento para empleados y directivos de Correos. Su primera versión es de junio de 2006. En él se recogen las medidas de control interno establecidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las actualizaciones del Manual son aprobadas por la Comisión de Control (la última es de junio de 2017), con la excepción de aquellas que afectan únicamente a la composición del listado de paraísos fiscales.

La Comisión de Control es el órgano competente para la aprobación del Manual de PBC y autoriza su distribución a directivos y empleados mediante su publicación en la intranet “Conecta”.

Cabe señalar que se ha creado para las Oficinas y Unidades de Reparto una Ficha de consulta Rápida en la que se exponen de forma resumida las obligaciones de los empleados de admisión y pago de giros.

En cuanto a Western Union, procede señalar que Correos firmó con WU un Protocolo de Actuación en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo en junio de 2014, para reforzar la información compartida por ambas partes.

Estructura organizativa en materia de PBC

El Consejo de Administración de Correos es el máximo órgano de dirección, ostenta las funciones y responsabilidades que le atribuye la Ley. El Consejo de Administración recibe el informe del experto externo en el plazo máximo de 3 meses desde su emisión. Adoptará las medidas necesarias para solventar las deficiencias identificadas.

La Comisión de Control es el órgano de control interno en materia de PBC. Su presidente es un representante de la Dirección de Operaciones. Son funciones de esta Comisión:

  • Impulsar la implantación y desarrollo de los procedimientos y obligaciones establecidos en la Ley.
  • Supervisar los documentos elaborados por las distintas Direcciones de Correos.
  • Analizar, controlar y comunicar la información relativa a las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales.
  • Ser informada de las actas de las auditorías externas e internas relativas a la PBC.
  • Aplicar la política de Correos en materia de PBC.
  • Aprobar los planes anuales de formación para directivos y empleados.
  • Elaborar una relación de los documentos e informes que hayan sido remitidos al Consejo de Administración.
  • Aprobar la memoria anual elaborada por el Área de Prevención con las actuaciones e información más relevantes.

La Comisión se reúne al menos una vez al trimestre y toma acuerdos por mayoría de sus miembros. El Representante ante el SEPBLAC es la persona encargada de la comunicación de la información necesaria en materia de PBC. Son funciones suyas:

  • Actuar como coordinador de todas las actividades que realiza Correos en su lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Canalizar todas las comunicaciones existentes entre el SEPBLAC y Correos, especialmente la Declaración Mensual de Operaciones.
  • Participar en las reuniones que convoque el SEPBLAC, cuando estas tengan finalidad consultiva o divulgativa.
  • Comparecer en los procedimientos administrativos o judiciales en relación con los datos recogidos en las comunicaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
  • Mantener informada a la Comisión de Control de cualquier circunstancia que pudiera alterar la política de prevención.

El Área de Prevención del Blanqueo de Capitales es la unidad técnica para el tratamiento yanálisis de la información, encuadrada en la Dirección Adjunta de Operaciones, dentro de la Subdirección de Servicios Financieros. Tiene, entre otras, las siguientes funciones:

  • Diseñar e implementar en Correos los programas de cumplimiento, seguimiento y control de la normativa en materia de PBC.
  • Elaborar los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que surjan.
  • Trasladar al Representante de la Comisión las propuestas de revisión del Manual de PBC.
  • Supervisar el funcionamiento de los procedimientos de prevención.
  • Evaluar los riesgos a los que se enfrenta Correos.
  • Analizar e investigar las comunicaciones de operaciones sospechosas recibidas de la Red de Oficinas.
  • Presentar al Representante de la Comisión la Declaración Mensual de Operaciones (DMO).
  • Presentar al Representante de la Comisión la relación de operaciones con indicios de blanqueo de capitales.

Los responsables de Oficinas/Unidades de Reparto deben velar por el cumplimiento de la normativa y serán el interlocutor con la Unidad Técnica. Sus funciones en materia de PBC son:

  • Estar informado e informar a los empleados de la normativa interna sobre prevención, cumpliendo y exigiendo su cumplimiento.
  • Analizar en detalle cualquier operación sospechosa, comunicándola al Área de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Validar los conocimientos y formación de los empleados que realizan operaciones de envío y pago de dinero, previamente a la designación de los empleados para tales funciones.
  • Analizar la documentación acreditativa de la actividad profesional o empresarial y del origen lícito de los fondos de los clientes en aplicación de las medidas reforzadas de diligencia debida.
  • Controlar el archivo de la documentación referida a clientes.
  • Autorizar las operaciones con PEP’s y operaciones en las que se apliquen medidas reforzadas.

Los empleados de las Oficinas/Unidades de Reparto tienen las siguientes funciones:

  • Realizar la identificación y verificación de los clientes, así como la correcta introducción de los datos de los mismos en los sistemas informáticos y escaneado de las documentaciones portadas en los sistemas informáticos.
  • Identificar cualquier operación que dé lugar a sospechas, comunicándolo al responsable de la Unidad.
  • Recibir los cursos sobre PBC establecidos, así como conocer y poner en marcha los procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales.
  • Mantener el deber de confidencialidad con respecto a todas las operaciones o clientes que hayan sido considerados sospechosos de blanqueo de capitales.

Identificación de los clientes

Los empleados de Correos identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad del cliente con carácter previo a la realización de operaciones de admisión o pago de giro nacional o internacional, de cualquier modalidad y con independencia de su importe.

Se consideran documentos fehacientes a efectos de identificación formal:

  • Para identificar a personas físicas de nacionalidad española: el DNI, original y en vigor.
  • Para identificar a personas físicas de nacionalidad extranjera, cualquiera de los siguientes documentos, originales y en vigor:
  • Tarjeta de Identidad Extranjero/Tarjeta de Residencia.
  • Pasaporte válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular.
  • En el caso de ciudadanos de la UE o del Espacio Económico europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen o el pasaporte.
  • El documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en España.
  • Tarjeta de Asilo Político (excepto en operaciones de Western Union).

Excepcionalmente se podrán aceptar otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental, siempre que gocen de las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular. La aceptación de estos documentos se encuentra sujeta a la autorización del Área de Prevención.

  • Para identificar a personas jurídicas será necesario que la persona física que realiza la operación se identifique como los clientes que actúan por cuenta propia, presentando su documento de identidad válido y en vigor, y además presentará:
  • Poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica.
  • CIF de la persona jurídica.
  • Escritura de constitución, certificación del Registro Mercantil provincial, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la denominación y forma jurídica de la persona jurídica.

No serán documentos válidos de identificación:

  • Permiso de conducir.
  • Pasaporte español.
  • Cédulas de Identificación de países no pertenecientes a la UE o al Espacio Económico Europeo (EEE).
  • Certificado de Registro de Ciudadanos de la Unión (carta verde).
  • Seamansbook o Libreta Marítima.
  • Carné Consular. Solo se admite el carné consular expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para diplomáticos residentes en España.

La primera operación del proceso de transacción consiste en identificar al titular, con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio. El titular es la persona física por cuya cuenta se pretende establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones. También pueden ser las personas físicas que posean o controlen un porcentaje superior al 25% del capital de una persona jurídica.

Cuando el titular de la operación sea otra persona física distinta a la que actúa, la persona que actúa deberá hacer constar la autorización de la persona por la que actúe y el documento de identificación de aquella, además del suyo. Cuando el titular de la operación sea persona jurídica, se solicitará información a efectos de determinar su estructura de propiedad o de control y de identificar al titular real de la misma, por lo que el representante de la misma deberá cumplimentar y firmar el DAE.

Es necesario digitalizar y almacenar los documentos identificativos de los clientes de operaciones de giro. Por ello, el empleado escaneará la documentación de identificación del cliente, verificando la calidad de la imagen, para que pueda ser consultada en el futuro.

Se efectúa un registro inicial de todos los clientes en el momento de realizar su primera operación, creando una “Ficha del Cliente” con una serie de datos obligatorios. El dato más importante es el tipo y número del Documento (DOI). Si el cliente ya ha sido registrado con anterioridad en la BBDD PBC, al informar al sistema del tipo y número del documento, aparece el formulario con los datos completados.

Medidas de diligencia debidas

La normativa establece una serie de medidas para garantizar la legalidad de las transacciones.

Estas medidas pueden ser simplificadas, normales o reforzadas.

Son medidas simplificadas:

  • Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
  • Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental.
  • Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo.
  • No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente.

Son medidas normales:

  • Identificación del titular real y adopción de las medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad.
  • Conocimiento de la actividad profesional o empresarial del cliente.
  • Conocimiento del propósito e índole que motiva la operación.
  • Seguimiento continúo de la relación de negocio.

Son medidas reforzadas:

  • Presentación de justificación documental (documentación acreditativa de su actividad económica y documentación que justifique el origen lícito de los fondos).
  • Declaración de Actividad Económica (DAE).
  • Si en el documento de identificación presentado por el cliente no figura domicilio en España, este deberá presentar cualquier documento que acredite su estancia en España. El documento deberá ser original y recogerá el nombre completo del cliente y su dirección. Son documentos acreditativos válidos para justificar la estancia: certificado de empadronamiento, contrato de alquiler de vivienda, escritura de vivienda, seamansbook o libreta marítima. No se acepta Lista de Correos como domicilio.

Política de admisión de clientes

Para prevenir el blanqueo de capitales resulta prioritario conocer a los clientes y establecer diferentes categorías, en función de los siguientes factores: frecuencia y cuantía de los envíos, actividad que motiva los envíos, origen o destino del dinero enviado. Así se puede determinar el perfil de riesgo y, en función del mismo, aplicar las medidas oportunas.

Se distinguen tres perfiles de riesgo:

  • Riesgo bajo: a estas personas se les aplican medidas simplificadas o normales de diligencia debida y no necesitan ninguna autorización específica para ser admitidos.
  • Riesgo medio: se les aplican medidas reforzadas de diligencia debida y su admisión requiere la autorización expresa de los directores de Oficina y Unidades de Reparto o del Área de Prevención.
  • Riesgo alto: personas involucradas en operaciones de blanqueo o de terrorismo, que no serán admitidas como clientes de Correos.
  • Las Administraciones Públicas, previamente clasificadas mediante su CIF por Correos, así como a sus organismos dependientes.
  • Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros equivalentes.
  • Las sociedades controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros equivalentes.
  • Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de PBC.
  • Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de PBC.
  • Las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la UE o de países terceros equivalentes, así como sus sucursales o filiales participadas mayoritariamente.
  • Los envíos de dinero para pago del propio servicio postal con origen y destino en el propio servicio de Correos.

Se aplican medidas normales a:

  • Los clientes de giro nacional e internacional que actúen en su propio nombre, remitentes o destinatarios en oficina que no superen los 3.000 € individuales o acumulados en un trimestre.
  • Los clientes de giro internacional que envíen o reciban con países designados por el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que acumuladas con las del último mes natural no superen los 1.500 € (enviados o recibidos).

Se aplican medidas reforzadas a:

  • Los clientes de giro internacional de países de riesgo o que envíen o reciban fondos de o hacia los mismos, cuyo importe acumulado de sus operaciones en el mes natural sea superior a 1.500 €.
  • Los clientes de giro nacional e internacional remitentes o destinatarios que superen 3.000 € individuales o acumulados en un periodo de un trimestre natural.
  • Los clientes relacionados en peticiones de Juzgados, Policía, Requerimiento del SEPBLAC.
  • Los clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal, inusuales o que presenten indicios de sospecha en relación con la PBC.
  • Las operaciones con origen o destino a países que supongan un riesgo superior al normal y que una vez informada la Comisión de Control tome esa decisión.
  • Personas de responsabilidad pública (PEP’s). Se considera en este capítulo a las siguientes:
  • Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la UE o terceros países.
  • Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el Estado español, tales como altos cargos, los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo.
  • Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español y en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o capitales de Comunidad autónoma, de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.

Se aplican estas medidas a las referidas personas, aunque hayan dejado sus funciones, durante dos años. También se aplican a los familiares o allegados de las personas con responsabilidad pública. La admisión de las personas con responsabilidad pública como clientes debe ser autorizada directamente por el responsable de Oficina/Unidad de Reparto, quien trasladará su decisión al Área de Prevención, que informará en las reuniones de la Comisión para que tome razón de esta decisión.

Abstención de realizar operaciones

En ningún caso se admitirán clientes que:

  • Rehúsen entregar la documentación que permita su identificación.
  • Presenten documentos de identificación que alberguen dudas sobre su legalidad.
  • Faciliten datos falsos o erróneos.
  • Pongan fin a la relación al ser requeridos para que faciliten información.
  • A los que no sea posible aplicar alguna de las medidas de diligencia debida previstas.
  • Oculten al titular real para enviar una operación o dividan una transacción en dos o más.
  • Realicen operaciones que presenten indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales.
  • Personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse.

Cualquier operación que dé lugar a sospechas puede no ser aceptada por el empleado y dará lugar a la comunicación inmediata como operación sospechosa. Cuando la abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación, podrá llevarse a cabo, efectuando la comunicación de la operación sospechosa al Área de Prevención de Blanqueo de Capitales.

El Área de Prevención es la encargada de adoptar las decisiones finales sobre la abstención y de informar a los empleados sobre la forma de actuar en cada caso.

La comunicación de las operaciones sospechosas al SEPBLAC, efectuada por la Comisión, expondrá los motivos que justificaron la ejecución de la operación.

Cuando en aplicación de la política interna o por imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida, los fondos deban ser devueltos al cliente, el reintegro de los mismos se efectuará a través del mismo medio de pago utilizado inicialmente para su ingreso.

Cuando el emisor o el receptor de un giro sea una persona incluida en alguna de las listas públicas relacionadas con el terrorismo o grupos afines, el sistema bloqueará la operación. Para ello el sistema informático consulta automáticamente el listado “Consolidated list of persons, groups and entities subjetc to EU financial sanctions”, elaborado por la Unión Europea.

En ningún caso podrá revelarse al cliente ni a terceros las actuaciones que se puedan estar realizando en relación con las obligaciones derivadas de la Ley. No se realizará ninguna operación sin la previa identificación ni cuando haya dudas sobre la validez de la documentación aportada, con especial atención a posibles falsificaciones.

Operaciones sospechosas

Las operaciones que se relacionan a continuación se consideran sospechosas:

  • Operaciones no ejecutadas (fallidas), que no llegan a realizarse porque el cliente rehúsa terminarla cuando se le exige algún requisito esencial de identificación, se niega a cumplimentar la Declaración de Actividad Económica (DAE) o a aportar la documentación acreditativa de su actividad.
  • Operaciones inusuales o fuera de lo normal:
  • Operaciones en las que se aprecie que el cliente fracciona la operación en varias para eludir el deber de identificación adicional.
  • Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, intentando ocultar la identidad del cliente real.
  • Operaciones en las que conociendo la actividad del cliente, no exista una explicación razonable sobre el origen o destino de las operaciones realizadas.
  • Operaciones en las que el cliente no disponga o rehúse presentar la documentación justificativa de domicilio permanente o temporal en España.
  • Operaciones en las que el cliente trata de eludir las medidas de diligencia debida.
  • En general, operaciones que presentan indicios de blanqueo de capitales o conexión con actividad delictiva.

Los empleados que detecten operaciones que presenten estos indicadores de riesgo deben abstenerse de ejecutarlas y comunicarlas al Área de Prevención, para que adopte una decisión sobre su comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Para la detección automática de operaciones sospechosas, Correos dispone de una aplicación informática específica denominada PEDRA, que cuenta con un sistema de filtros y alertas diseñados para detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La gestión y utilización de esta herramienta corresponde al Área de Prevención.

Cuando se aprecien indicios de la existencia de alguna operación sospechosa o no ejecutada por la negativa del cliente, el responsable de la Oficina/Unidad de Reparto o el empleado que tuviera conocimiento de ella lo comunicará al Área de Prevención, mediante el formulario establecido en Conecta: Conecta> Información y Gestión> Normativa> Prevención de Blanqueo> Formulario. En el plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación, el Área de Prevención acusará recibo de la misma. El Área de Prevención dispondrá de un plazo de 3 meses desde el acuse de recibo para notificar a la persona que atendió al cliente el estado de la comunicación y dispondrá de un plazo máximo de 6 meses para finalizar el análisis y adoptar las medidas adecuadas.

El Área de Prevención dispone de una lista interna con los clientes comunicados al SEPBLAC por su intervención en operaciones con indicios de blanqueo de capitales, con el fin de bloquear su ficha en el sistema y evitar que puedan realizar nuevas operaciones.

Con la información recogida, el Área de Prevención realizará un análisis, que dará lugar a una decisión en alguno de los siguientes sentidos:

  • Desestimar la operación sospechosa, porque no hay indicios sólidos de blanqueo de capitales.
  • Proponer su remisión al SEPBLAC en la Comisión de Control inmediata, motivando en la propuesta los indicios de blanqueo.
  • Marcar al cliente en seguimiento a fin de continuar reuniendo información, por un periodo no superior a 6 meses.

El Área de Prevención elevará a la Comisión las operaciones analizadas que haya considerado sospechosas con el fundamento de tal análisis y la documentación de cada operación.

La Comisión analizará cada operación recibida y decidirá por mayoría de votos si procede su remisión al SEPBLAC. El Representante comunicará inmediatamente al SEPBLAC las operaciones que la Comisión encuentre sospechosas, incluso las meras tentativas. Las comunicaciones se efectuarán mediante el formulario F19-1.

El contenido mínimo de estas comunicaciones incluirá lo siguiente:

  • Relación e identificación de los clientes que participan en la operación.
  • Actividad conocida de los clientes y correspondencia entre la actividad y la operación.
  • Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar de ejecución, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.
  • Gestiones realizadas para investigar la operación comunicada.
  • Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de la relación con el blanqueo de capitales o que pongan de manifiesto la falta de justificación económica para realizar la operación.

Mensualmente se comunicará al SEPBLAC mediante DMO:

  • Las operaciones por importe superior a 1.500 €. Este límite se aplica tanto a operaciones individuales como a fraccionamientos.
  • Las operaciones no ejecutadas (fallidas).

La comunicación se realizará por el Representante antes del día 15 de cada mes. En el caso de que no haya operaciones susceptibles de ser comunicadas en un semestre natural, con el mismo formato se informará al SEPBLAC de la ausencia de tales operaciones en ese periodo.

Todas las comunicaciones o los análisis de operaciones sospechosas que se realicen tendrán carácter confidencial, así como la identidad de los empleados que las hayan efectuado. En ningún caso se pondrá en conocimiento del cliente o de terceros las gestiones en curso o comunicaciones realizadas, ni las solicitudes recibidas por parte de las autoridades.

Formación

La Comisión de Control diseñará y aprobará un plan anual de formación en materia de prevención de blanqueo de capitales. El contenido del curso incluirá la exposición de la normativa vigente, las medidas de control interno de Correos y una exposición de posibles casos de operaciones de envío de dinero que presenten indicios.

La formación ira dirigida a todos los directivos y empleados, con especial atención a aquellos con una relación más directa con los clientes de giro postal. Todos los cursos dispondrán de un sistema de evaluación que ponga de manifiesto el nivel de los conocimientos adquiridos.

Cada oficina debe disponer de un documento básico sobre prevención de blanqueo de capitales, cuyo contenido ha de estar aprobado por la Comisión de Control. Todos los empleados deben conocer el contenido de este documento. Por tanto, los nuevos empleados, que no hayan participado en el plan anual de formación, serán evaluados por el Director de Oficina o Jefe de la Unidad de Reparto, mediante el cuestionario disponible en Conecta. Si las respuestas garantizan el conocimiento del empleado, el Director o Jefe firmará el cuestionario y lo archivará en la oficina; si las respuestas no garantizan el conocimiento básico en PBC, será causa de incompatibilidad respecto a las funciones de admisión o pago de giros.

Código de conducta

Todos los empleados de Correos se encuentran sometidos al Código General de Conducta aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal que entró en vigor el 1 de enero de 2005.

Auditoría y actualizaciones

La Comisión de Control determinará anualmente la forma en que se ha de auditar el sistema de prevención. Se elegirá a un experto externo que reúna las condiciones académicas y de experiencia profesional. Los resultados del examen de las medidas de control interno se consignarán en un informe escrito. Este informe se elevará en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de emisión al Consejo de Administración.

El informe del experto externo estará a disposición de la Comisión de Prevención durante los 5 años siguientes a la fecha de emisión.

Cabe añadir que la Dirección de Auditoría e Inspección anualmente realizará auditorías de los órganos y medidas de control interno definidas por Correos. Estas auditorías incluirán una opinión sobre el grado de ajuste de los procedimientos a la normativa vigente y a las recomendaciones emitidas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión y el experto externo.

Las actualizaciones del Manual de PBC serán aprobadas por la Comisión de Control. No precisarán la aprobación de la Comisión las actualizaciones de la lista de paraísos fiscales. Tampoco precisarán

de esta aprobación las posibles modificaciones en el formulario DAE. En ambos casos se dará conocimiento a la Comisión de Control en la reunión siguiente a la fecha en la que se hubiese publicado la modificación.

La Dirección de Operaciones y la Dirección Adjunta de Operaciones serán las encargadas de llevar a cabo la adecuación de los procesos operativos en materia de PBC, que reflejarán de forma fiel lo establecido en el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales, así como lo establecido en las instrucciones sobre la materia que Western Union imponga a Correos, en su condición de agente.